México: En defensa del empleo: ¡fábrica cerrada, fábrica tomada!
Escrito por Luis
Enrique Barrios
Por su nacionalización bajo control obrero
La actual crisis económica está
resultando fatal para la clase trabajadora, en cuanto a los empleos formales se
reconocen oficialmente el despido de aproximadamente 600 mil trabajadores desde
octubre del año pasado a la fecha. Este es el resultado de medidas
implementadas por la burguesía consistente en reducir costos de producción
recortando la plantilla laboral o como consecuencia del cierre de empresas y
fábricas que sucumben ante las actuales circunstancias.
De acuerdo al IMSS, y como lo
diera a conocer en Radio Trece Noticias el pasado 5 de diciembre, Gerardo
Flores, director de la edición en línea del periódico El Financiero, tan sólo
en el año pasado la crisis provocó la quiebra de 11 mil empresas en México.
Este dato por sí mismo es aterrador por lo que implica para la clase
trabajadora, pero lo es más aun si consideramos que la crisis está aún lejos de
tocar fondo. La cuestión aquí es que, sea lo que sea, los trabajadores siempre
terminamos pagando los platos rotos, pues el Estado, en este caso el Gobierno
de Calderón, cada que interviene para tratar de poner alguna clase de remedio
siempre lo hace en beneficio de los patrones.
Para las dificultades
económicas de los burgueses, que son siempre y sin excepción los responsables
de las crisis, el gobierno siempre tiene dinero. Caso distinto es el de los
trabajadores para los cuales sus demandas por más esuelas y hospitales
públicos, por ejemplo, nunca son oídas bajo el argumento de que no hay
presupuesto suficiente.
La forma en que el gobierno le
da dinero a los patrones para sus negocios tiene diferentes cauces, algunos de
ellos son indirectos como los son las llamadas "devoluciones
fiscales", mecanismo que le permite a la Secretaría de Hacienda (SH)
trasladar cuantiosas sumas de dinero de las arcas públicas a las cuentas
bancarias de los empresarios. Así pues, por ejemplo, durante 2006 se hicieron
devoluciones fiscales a favor de los grandes empresarios por 140 mil millones
de pesos por concepto de IVA. Y en 2007, primer año de gobierno de Calderón,
esta clase de devoluciones para los grandes consorcios ascendió a los 133 mil
millones de pesos.
Pero como este mecanismo de
saqueo de los dineros públicos en beneficio de los empresarios y banqueros, no
les resulta suficiente, en Abril del 2007 Calderón promovió una reforma que fue
aprobada por la cámara de diputados en la que se le autorizó a la SH condonar
(perdonar) y cancelar el cobro de 161 mil millones de pesos en créditos
fiscales considerados "de imposibilidad práctica de cobro". Entre
esta condonación fiscal y la devolución fiscal antes mencionada, Calderón les
regaló a los empresarios fondos públicos por 294 mil millones de pesos en 2007.
Pero entro los mecanismos
directos están los llamados "rescates", es decir la intervención de
Estado con dinero publico para sacar de apuros económicos a ciertas empresas.
Un caso ha sido el "rescate carretero": el gobierno de Salinas
privatizó las 52 autopistas más rentables, sin embargo, como una secuela de la
crisis económica que estalló a finales de 1994, decenas de ellas quebraron en
1997 acumulando perdidas por 23 mil millones de pesos. Ante este fenómeno el
entonces gobierno de Zedillo lanzó el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de
Autopistas Concesionadas (FAEAC) o "rescate carretero", con el objetivo
de salvar a ese sector de empresarios destinando en un principio 57 mil 316
millones de pesos. Al concluir el gobierno de Fox el rescate carretero ya
ascendía a los 167 mil 316 millones de pesos. Las carreteras fueron saneadas
por el Estado con fondos públicos y después devueltas a sus antiguos dueños.
Otro ejemplo de lo mismo es el
"rescate azucarero": ante la riuna de los empresarios del azúcar, en
2001 Fox decidió "expropiar" 27 ingenios empleando 46 mil millones de
pesos del Estado. Dichos ingenios, al igual que las carreteras, fueron saneados
(es decir, pagadas sus deudas crediticias y de proveedores, además de inversión
en mas materia prima y maquinaria) con dineros públicos para después ser
devueltos a los empresarios. Además como esa cantidad no ha sido suficiente, en
diciembre pasado, los diputados locales de Veracruz aprobaron un nuevo rescate
para la industria azucarera de esa entidad por 320 millones de pesos.
Ambos rescates son hijos
menores de otra medida similar del Estado, la cual se tradujo en endeudar a los
trabajadores y sus familias por varias décadas. Nos referimos al "rescate
bancario" o Fobaproa (actualmente IPAV). Ante la banca rota del sistema
financiero mexicano tras los llamados "errores de diciembre" de 1994,
Zedillo decidió que el gobierno asumiría el quebranto bancario pagando la deuda
de estas instituciones destinando la fabulosa cantidad de 552 mil millones de
dólares de aquella época, representando esa cantidad el 20% del total de la
riqueza nacional y creando para los banqueros uno de los negocios mas jugosos
en toda la historia de México.
Pero la historia de los
rescates ahí no termina, en el contexto de la actual crisis económica, ante la
declaratoria de quiebra de la Comercial Mexicana el 9 de octubre del año pasado
inmediatamente reaccionó Calderón, el día 28 de ese mismo mes, trasfiriendo
dineros públicos por 3 mil millones de pesos a través de Nacional Financiera
(Nafin) a la cuenta de ese consorcio para que haga frente a sus compromisos de
deuda la cual asciende en total a los 2 mil millones de dólares.
En el caso de CEMEX, tercer
monopolio del mundo mas importante en el mercado del cemento, ya desde el 9 de
marzo pasado suena fuertemente el rumor de que Calderón terminará interviniendo
para rescatar a esta empresa cuya deuda es de 14 mil 500 millones de dólares.
Pero la cuenta no para ahí, el
Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, presentado por Calderón el 8
de octubre el año pasado, incluye medidas como la de un programa extraordinario
para supuestamente impulsar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en el
que se canalizarán 2 mil millones de pesos adicionales, además de ofrecerse el
financiamiento al llamado sector productivo hasta por 165 mil millones de pesos
de crédito.
Este año, en enero, se repite la dosis por medio del lanzamiento
del Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo el cual
incluye el Programa de Preservación del Empleo para el
cual se destinan 2 mil millones de pesos del gobierno a empresas en paro
técnico con el supuesto objetivo de impedir los despidos.
Todos esos recursos públicos al
servicio de los empresarios, sin olvidar una forma indirecta de allegarse de
esta clase de dineros que se ha trasformado en un jugoso negocio para los peses
gordos de la burguesía: nos referimos a los más de 22 mil millones de dólares
que han sido saqueados desde octubre a la fecha por esta calase de
especuladores de entre las reservas internacionales de Estado que han sido
subastadas por el Banco de México para, nuevamente, supuestamente defender el
valor del peso frente al dólar. Una muestra palpable de que esas reservas
internacionales sólo han servido para engrosar las fortunas de los barones del
dinero y no para el objetivo por el que son subastadas, es el hecho de que de
septiembre pasado a hoy día el valor del peso frente al dólar se ha depreciado
en un 50%.
Debemos rechazar con energía el
que el presupuesto público sea usado para el benéfico de los empresarios y
banqueros.
Todo lo anterior demuestra que
el Estado, si quiere, incluso endeudándose a sobre manera como en el caso de
rescate bancario, tiene recursos para actuar rescatando empresas, pero mas que
a las empresas a sus propietarios. Si hay dinero público para rescatar a los
burgueses, no puede existir pretexto para que no se destine dinero para
rescatar todas esas empresas cerradas por quiebra o porque ante la huelga
obrera los patrones simplemente se desentendieron con la intención de ya no
reabrir la empresa.
El Estado tiene capital para
nacionalizar todas esas empresas y mantenerlas no sólo como factores de producción
sino además como fuentes de trabajo. Sin embargo no nos estamos refiriendo a
ninguna clase de nacionalización como fue el rescate carretero o el azucarero,
en los cuales, tras ser saneadas las empresas estas fueron devuelta a sus
anteriores dueños burgueses. Ni tampoco nos referimos a las nacionalizaciones
del pasado y el establecimiento de empresas paraestatales las cuales, antes de
ser privatizadas, fueron corroídas por la corrupción y el saque de los
directivos designados por el gobierno, exactamente como sucede esto último en
Pemex.
Nos referimos a la
nacionalización bajo el control democrático de los trabajadores. Es decir,
empresas que sean financiadas con dineros públicos pero que su administración
quede directamente y bajo el control democrático de los trabajadores como
garantía de su adecuado funcionamiento y de trabajos estables con salarios
dignos. La toma de fabricas cerradas y la lucha por su nacionalización bajo
control obrero, al lado de la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas diarias
sin reducción de salarios, son banderas que debemos levantar muy en alto los
proletarios en este contexto de crisis económica y despidos masivos.
Nuestros enemigos de clase,
Calderón y los burgueses, siempre se opondrán a este tipo de demandas, es por
ello que la lucha por nuestros intereses deber ir unida a la lucha por derrocar
a esa bola de zánganos y estafadores, al mismo de eliminar la propiedad privada
capitalista instaurando el socialismo.
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